El Ministerio de Justicia tiene encima de la mesa dos propuestas legislativas que contemplan un cauce procesal por el que se puedan revisar las sentencias dictadas por tribunales españoles que han sido corregidas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo conminó ayer mismo al legislador a regular "con necesaria claridad y precisión el cauce procesal adecuado en relación con la efectividad de las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos", después de asumir el fallo de Estrasburgo sobre la anulación de la aplicación retroactiva de la 'doctrina Parot'.
Hasta ahora, los magistrados se han acogido a que el Convenio Europeo de Derechos Humanos ha sido suscrito por España y que la propia Constitución, en su artículo 10.2, obliga a interpretar las normas relativas a derechos fundamentales de acuerdo a los "tratados y acuerdos internacionales ratificados por España". Así lo concluyó la Audiencia Nacional cuando extendió la decisión sobre la etarra Inés del Río a otros presos que se encuentran en su misma situación.