La Ley de Seguridad Ciudadana endurecerá la respuesta a escraches o piquetes violentos

Ministro del Interior. Jorge Fernández Díaz.El Ministerio del Interior pretende que la nueva Ley de Seguridad Ciudadana endurezca la respuesta a fenómenos como los escraches, las protestas no autorizadas y concentraciones frente a instituciones del Estado como el Congreso, así como los piquetes informativos violentos durante las huelgas o la quema de contenedores que se están produciendo actualmente durante el paro indefinido de barrenderos en Madrid. Así se ha explicado en el Congreso de los Diputados el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien se ha referido a casos concretos como estos y que estarán contemplados dentro del Anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana que presentará próximamente en el Consejo de Ministros con la idea de que llegue a la Cámara Baja antes de que acabe el año.

El ministro ha argumentado esta modificación legislativa recordando que la ley de Seguridad Ciudadana actual está vigente desde febrero de 1992. En ese sentido, ha explicado que hay conductas que no estaban contempladas y ahora pasarán a estar mejor tipificadas.

Proteger a los policías

"El objetivo primordial es garantizar de forma más eficiente la seguridad pública y a su vez proteger mejor a quienes tienen la misión constitucional de velar por el libre y pacífico ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos, es decir, Guardia Civil Policía y fuerzas de seguridad", ha dicho.

Esta iniciativa se produce en paralelo a la reforma del Código Penal en el que desaparecen las faltas y éstas pasan a ser delitos o infracciones administrativas. De regular estas últimas es de lo que se va a encargar la nueva Ley de Seguridad Ciudadana recogiendo nuevos tipos de infracciones (que podrán ser leves, graves o muy graves) y nuevas sanciones.

"No estaba contemplado, por ejemplo, las manifestaciones no autorizadas o los intentos de acoso a sedes de centros de instituciones como puede ser el Congreso, el Senado el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, el CGPJ y determinados actos que puedan realizarse al margen de la ley y que puedan ser una amenaza y que no están tipificados como delitos", ha detallado.

Huelga de Barrenderos

El ministro ha sido preguntado acerca de si esta nueva ley contemplará un endurecimiento de la respuesta a episodios de violencia como los que se están viviendo en la huelga de barrenderos de Madrid donde se están produciendo quema de contenedores. "Va a contemplar esa realidad", ha respondido Fernández, quien no ha ofrecido más detalles.

El ministro ha anunciado que llevan meses trabajando en este anteproyecto durante su comparecencia en el debate sobre los Presupuestos en el Congreso de los Diputados. Según ha dicho, la Ley de Seguridad Ciudadana sería la tercera pata junto a la Ley de Seguridad Privada y la Ley de Seguridad Vial, ambas en tramitación parlamentaria.

Ha destacado el incremento de la partida para su Departamento en un 1,3 por ciento en un momento en el que la consolidación fiscal exige una disminución en el conjunto del gasto en los ministerios de un 4,7 por ciento.

En este punto, Fernández Díaz no ha pasado por alto la "excelente" labor que desarrollan los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, una "eficacia", según ha dicho, está "reconocida" no sólo por las cifras del descenso progresivo de la tasa de criminalidad, sino también por la percepción de los ciudadanos respecto a la seguridad.

Criticas de PSOE e IU

A la próxima Ley de Seguridad Ciudadana se ha referido durante el debate el portavoz de Interior de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Ricardo Sixto, para dejar claro que este proyecto le genera "mucha alarma" teniendo en cuenta que su grupo no comparte de entrada la política de "represión" a la protesta ciudadana, las multas "injustificadas" a manifestantes o el uso de fuerza en las protestas pacíficas que, a su juicio, practica su departamento.

En su opinión, las medidas que anuncia Interior son "modificaciones lamentables" que chocan con las recomendaciones del Consejo de Europa que ha criticado al Gobierno por "poner trabas" a derechos humanos fundamentales.

Por su parte, el socialista Antonio Trevín se ha quejado de que Interior prima el orden público frente a la seguridad ciudadana, redoblando la presión a los ciudadanos con más multas y más actuación policial, mientras la seguridad se deja en manos privadas dando más poder a las empresas.

Para el PSOE, Interior apuesta por la "contra-reforma" y está cambiando "radicalmente" el modelo "exitoso" que, en los últimos años, ha permitido que España sea uno de los países con menor índice de delincuencia.

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